PRACTICAMENTE PONGO TODO EL ARTICULO COPIADO PUES YA VIENE EN NEGRITA ALGUNAS ZONAS Y EN ROHJO QUE SI HE SIDO PARA DESTACAR ALGO QUE ME PARECE NO SE LE DA LA IMPORTANCIA QUE SE DEBIERA.
SERA CUESTION DE LEERLA ,Y PASAR A QUIEN SEA PROPUESTAS . CREO QUE LO DEBERIAMOS HACER TODOS
El Grupo Parlamentario del Partido Aragonés ha presentado la proposición de Ley de Aguas y Ríos de Aragón, que se ha registrado en las Cortes de Aragón para su tramitación parlamentaria
El texto legal permitirá otorgar a la Comunidad las máximas competencias que permite la legislación básica de aguas, desarrollar los preceptos del Estatuto de Autonomía contra los trasvases y habilitar nuevas herramientas para la gestión de la reserva de agua de Aragón.
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Tal como se prevé en la legislación nacional y en el Estatuto de Autonomía, la Ley presentada por el PAR aboga por la encomienda de la Administración General del Estado a Aragón tanto de las obras hidráulicas de interés general como de una buena parte de las tramitaciones que actualmente se realizan por parte de los organismos de cuenca.De esta manera, se propone que la Comunidad Autónoma, a través del Instituto Aragonés del Agua, sea la competente para gestionar la tramitación de las autorizaciones en dominio público hidráulico, concesiones, vertido y obras hasta la fase de la propuesta de resolución, si bien la firma final de la resolución seguirá siendo de los organismos de cuenca, porque así lo determina la legislación básica. Cataluña, País Vasco o Andalucía ya tienen fórmulas de gestión administrativa similares.
No obstante, en el caso de la reserva de agua de uso exclusivo de los aragoneses, la proposición busca una solución que concilia aspectos de la legislación vigente: según esta proposición, en tanto no se encomiende su tramitación, los informes que realice Aragón sobre las concesiones de agua incluidas en la reserva serán vinculantes para los organismos de cuenca. Es decir, seguirán siendo los organismos de cuenca quienes resuelvan, porque así lo exige la ley básica, pero tendrá que hacerlo mediante informe vinculante de Aragón, en aras al uso exclusivo que reconoce el Estatuto y que se plasma en la propia planificación del Estado.
La ley explicita que las aguas internas aragonesas serán gestionadas por Aragón, para incluir singularidades como los ibones o cuencas endorreicas. También se aclara que las reservas fluviales serán gestionadas por la Comunidad, como el resto de espacios naturales protegidos, una vez que las reservas se incorporan a la planificación del Estado mediante los Planes de Demarcación. El texto crea el Registro de Aguas de Aragón, así como el registro de seguridad de presas, coordinados con los que gestiona la Administración General del Estado.
Contra el trasvase
La proposición de Ley especifica quién y cómo debe elaborar los informes preceptivos sobre los trasvases que prevé el Estatuto de Autonomía: según esta iniciativa, la propuesta de informe se deberá elaborar por parte del Gobierno de Aragón, que lo elevará a las Cortes de Aragón, que es donde finalmente debe aprobarse el pronunciamiento. Para la propuesta que deberá elevar a las Cortes en caso de trasvases, el Gobierno de Aragón recabará los informes, como mínimo, del Instituto Aragonés del Agua, del Consejo de Ordenación del Territorio, de la Dirección General de los Servicios Jurídicos y del Consejo Consultivo de Aragón.
Gestión sostenible y participativa
La proposición de ley propone mantener el Impuesto sobre la Contaminación del Agua en los términos ya aprobados en la Ley de Medidas que acompaña a los presupuestos autonómicos de 2014. No obstante, prevé ampliar los motivos de exención de este impuesto en determinados casos de viviendas aisladas y en autoconsumo, así como por circunstancias socioeconómicas.
La ley de Aguas y Ríos aborda aspectos de gobernanza y participación, con la Comisión del Agua de Aragón como órgano de consenso. También se crea el Comité de Autoridades Competentes de Aragón en materia de agua, para reunir a los organismos de cuenca, administración autonómica y local. La proposición trata otros asuntos como la educación y sensibilización ambiental, la protección del patrimonio histórico hidráulico y el fomento de usos sostenibles, como la pesca.
La ley prevé que las comarcas puedan elaborar sus propios planes relacionados con la gestión sostenible del agua. También se potencia el uso de agua residual regenerada, en consonancia con la ley básica. Igualmente, se prevé la obligatoriedad de instalar contadores de agua por parte de los usuarios, con un horizonte temporal fijado inicialmente para el año 2018. Asimismo, se potencia que los ayuntamientos impulsen sistemas de ahorro de agua, como son los circuitos cerrados en fuentes ornamentales.
